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Fuente: Diario de Burgos 

Jueves, 12 Octubre 2017

El 23 de octubre Fomento y la Junta llegarán a un acuerdo final sobre su contribución después de que en la reunión de ayer el Ministerio hiciera al Ejecutivo regional una propuesta de participación y éste pusiera otra sobre la mesa.

El Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León encaran la última fase de negociación para acordar en qué medida contribuye cada una de las Administraciones en la bonificación de la AP-1 para el tráfico pesado. En la reunión de ayer en Madrid, el Ejecutivo central hizo una propuesta de participación a la Comunidad autónoma con la que en principio el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones no estuvo de acuerdo, razón por la que puso encima de la mesa un planteamiento económico alternativo. En los próximos días ambas partes analizarán su capacidad de financiación y se emplazan para el próximo día 23 de octubre a otro encuentro en el que previsiblemente saldrá el convenio final.

Lo que parece que tiene claro el Ministerio es que la bonificación de la tarifa de los camiones se acercará al 75%, que es el porcentaje pactado en La Rioja para obligar al tráfico pesado de la N-232 a circular por la AP-68. Y, por supuesto, la medida en Burgos también pasa por prohibir a los transportistas transitar por la N-I para que lo hagan por la autopista. No hay que olvidar que la Junta no solo negocia en Madrid el problema de Burgos, sino que en el futuro acuerdo también entra la subvención del peaje de la AP-6 para el tráfico pesado que circula por la N-VI.

Los cálculos de lo que costará el desvío de los tráficos “ya se han afinado” en estos días, por lo que para el día 23 de octubre solo resta que las dos Administraciones convengan qué porcentaje aporta cada una a la subvención de la tarifa de la autopista. Suárez-Quiñones estima que el espejo de La Rioja no hay que perderlo de vista en ningún momento porque ese porcentaje del 75% “es el que ha negociado y aceptado parte del sector del transporte”.

Y es que no se puede poner en marcha una medida que vaya a tener en contra a la totalidad de las empresas del sector, que ya han advertido que solo aceptarán una bonificación del 100% si es obligatorio circular por la AP-1. Y va a serlo. El Ministerio y la Junta están de acuerdo. Suárez-Quiñones ya dijo en su día que la bonificación ya fue puesta en marcha de forma voluntaria “y no tuvo éxito”. “Para que sea eficaz la iniciativa ha de ser obligatoria”, remachó.

El Ejecutivo autonómico no está dispuesto a poner un dineral. El consejero ya lo avisó hace tres semanas en este mismo periódico, que la Junta se prestará a financiar la bonificación de los peajes con una cantidad “módica”, pues la prioridad “son las carreteras de titularidad autonómica”. Insistía en que el Ejecutivo central debe comprometerse a que la AP-1 sea gratis tras el 30 de noviembre de 2018 –fecha del fin de la concesión- aunque no pone esa condición para llegar a un acuerdo con Madrid para liberar de tráfico pesado la nacional. Suárez-Quiñones subrayaba al mismo tiempo que el importe al que haga frente su consejería ha de ser “razonable”.

“Queremos buscar una solución a un problema muy importante –el exceso de camiones en la N-I y la Junta no va a ser un impedimento; si hay que estar ahí, vamos a estar con nuestro esfuerzo y nuestras posibilidades”, enfatizó el consejero del PP. Suárez-Quiñones recibió el encargo del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de ponerse a trabajar en un “problema que es público y que además introduce un elemento de riesgo” en la seguridad vial, si bien se mostró partidario de no establecer una relación exclusiva de causalidad entre los siniestros que se producen en la N-I y el tráfico de vehículos pesados.

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