Fuente: Diario de Burgos 30.11.17
Las tarifas por circular por la AP-1 y por la N-1 a su paso por Guipúzcoa enfadan a un sector que proyecta movilizaciones en enero por estas medidas “perjudiciales”
La Mayor parte de los sectores económicos se restablece, no sin dificultades, de los efectos de la crisis, pero hay algunos, como el del transporte, al que no dejan de ponerle palos en las ruedas para obstaculizar su avance hacia la plena recuperación. Los peajes a los que tendrán que hacer frente los camioneros tanto en la AP-1 como en la N-1 a su paso por Guipúzcoa van a incrementar los costes sobremanera y en estos momentos “no se pueden repercutir en el cliente”, señala José Luis Olivella, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de Burgos (Asebutra).
Desde la organización hacen un cálculo de lo que les va a costar a los camioneros burgaleses – los que más usan esa ruta hacia el norte de España y Francia- asumir esas nuevas tarifas en 2018. En la AP-1 tendrán que pagar 3,30 euros de ida más otros tantos de vuelta, sin contar que muchas empresas realizan ese trayecto varias veces al día. En la N-1 la Diputación de Guipúzcoa ha aprobado un peaje de entre un mínimo de 0,56 euros (paso por Andoain) a un máximo de 6,89 euros (tramos Irún-Etzegarate), que es el que la mayoría de transportistas completa.
De modo que al día el viaje se va a encarecer en una media de 16 euros; al mes, en 352, siempre que solo se haga un desplazamiento de ida y vuelta por jornada, y 4.224 al año. Casi nada, “un incremento brutal de costes”, se queja el propio Olivella, quien avanza que el sector ha exigido una reunión con el Ministerio de Fomento y el Comité nacional del Transporte amenaza con movilizaciones en enero del próximo año.
Al menos la obligación de circular por la AP-1 abonando una tarifa bonificada al 75% es una medida de carácter temporal, en principio. La Junta y Fomento han acordado subvencionar el peaje hasta la liberalización de la autopista el 1 de diciembre de 2018, si bien el Gobierno todavía no ha determinado cuál será la fórmula de explotación una vez que concluya la concesión y la infraestructura vuelva al Estado. Nadie ha asegurado a día de hoy que las barreras se vayan a levantar ese 1 de diciembre de 2018.
Pero al peaje de la N-1 en la provincia vecina viene para quedarse, para siempre, de modo que se trata de un coste que las empresas y autónomos van a tener que soportar sine die. Y así “no hay manera de engancharse a la recuperación”, porque “por cada paso hacia delante en este sector se da un paso hacia atrás”. “Y no por culpa nuestra, sino porque la Administración impone unas medidas claramente perjudiciales”, asevera el también presidente de Fitrans, la organización que defiende los intereses de los empresarios de Burgos, Guipúzcoa, Valladolid, León y Soria.
Qué duda cabe de que “un gran porcentaje” de los 12.000 camiones que completan esa ruta hacia el norte “son burgaleses”, empresarios de “una provincia que será especialmente castigada por estos peajes”. Además Olivella teme que “esto solo sea el preludio de la implantación de la famosa euroviñeta”, una tasa que ya han de pagar los camioneros por circular por las carreteras de países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca y que la UE estudia extender a todo el territorio de la Unión. Además, añade, “hasta hace poco existía un clima favorable a que también la abonaran los turismos, con lo que se diluiría su repercusión, pero ya no está tan claro que vaya a ser así”. Además, las empresas “no ven la fórmula ahora de cómo repercutir ese aumento de costes en los clientes”.
PROTESTAS. Ante este panorama, los transportistas van a recurrir a las movilizaciones a partir del mes de enero. Así lo han acordado el conjunto de asociaciones que conforman el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera en su última reunión. Por el momento, los camioneros aseguran que las movilizaciones “afectarán a todo el transporte nacional e internacional”. “El modo en que esta convocatoria se llevará a cabo se confirmará próximamente por las organizaciones de transportistas que integran el comité”, según informó una de ellas, Fenadismer.
El sector está muy molesto con Fomento por haber establecido el desvío obligatorio desde nacionales a autopista, como el caso de Burgos con la AP-1. Los camioneros denuncian que estas iniciativas se toman “sin haber consultado al sector”, que las considera una “agresión sin precedentes” para un colectivo que “ya contribuye sobradamente a las arcas públicas para, entre otros fines, financiar la construcción y el mantenimiento de las carreteras sobre las que ahora se pretende prohibir su circulación”.
Además, las patronales del transporte consideran que Fomento ha “incumplido” el compromiso que adquirió con el sector para que el desvío de camiones desde carreteras nacionales hacia autopistas tuviera carácter voluntario, y no obligatorio como los que se están acordando en los últimos meses.
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